Una inspección de la Policía Local de Eivissa destapa un posible alquiler turístico ilegal por 27.500 euros mensuales
Fecha de publicación: 07/07/2026 08:56
  • La Policía Local de Eivissa ha detectado este fin de semana un posible caso de alquiler turístico ilegal de una vivienda del municipio con un precio de 27.500 euros por un mes, en el marco del dispositivo especial de refuerzo que el cuerpo está desarrollando durante la temporada estival para intensificar el control de la oferta turística ilegal y garantizar el cumplimiento de la normativa.

La actuación se inició por un aviso por molestias ocasionadas por música en una vivienda. Al llegar al lugar, los agentes de la Policía Local de Eivissa de la capital ibicenca comprobaron que varias personas se encontraban en el interior y comenzaron las correspondientes tareas de inspección. Durante la intervención, las personas ocupantes explicaron que se encontraban de vacaciones y que habían alquilado la vivienda por un periodo de un mes. A requerimiento de los policías, presentaron el contrato de arrendamiento y la documentación acreditativa del pago, efectuado mediante cuatro transferencias bancarias que sumaban un importe total de 27.500 euros.

Tras verificar la documentación aportada, la Policía Local de Eivissa levantó la correspondiente acta de inspección, que será remitida al Consell Insular d'Eivissa, administración competente en materia de ordenación turística, para determinar si la actividad desarrollada se ajusta a la normativa vigente y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. Esta actuación forma parte de la campaña de inspecciones impulsada por la Policía Local de Eivissa para detectar posibles viviendas comercializadas al margen de la legislación turística.

Por último, el Ayuntamiento de Eivissa recuerda que la Ley 8/2012 no permite el alquiler turístico en edificios residenciales plurifamiliares en la isla de Eivissa y que las sanciones por estas infracciones pueden ascender hasta los 400.000 euros las muy graves (cuando hay reincidencia) o las graves, hasta los 40.000 euros. Además, se pueden imponer sanciones urbanísticas equivalentes al 75% del valor total de la edificación, tras acreditarse un cambio de uso de residencial a turístico sin disponer del título habilitante necesario porque constituye una infracción grave según la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears.