El pasado 20 de marzo, el Ayuntamiento de Eivissa recibió una notificación de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma, que autoriza la entrada, desmontaje y limpieza de la parcela conocida como Sa Jovería. El Ayuntamiento ha propuesto al juzgado el próximo 21 de abril a las 10h de la mañana como la fecha prevista para proceder al desalojo.
El Ayuntamiento de Eivissa había solicitado a los propietarios de la parcela el pasado mes de noviembre mediante un procedimiento de orden de ejecución, exigir el cumplimiento del deber de conservación de la propiedad con la retirada exhaustiva de los residuos y demás actuaciones necesarias en la parcela. Ante la imposibilidad de hacerlo por parte de la propiedad, se inició un procedimiento judicial que autoriza ahora sí, la entrada, desmantelamiento y limpieza de dicha parcela, que posteriormente será vallada para evitar que esta situación se vuelva a producir.
En esta parcela se habían ido estableciendo infraviviendas, casetas y tiendas de campaña, entre otras, donde residían se estima, unas 130 personas según los últimos recuentos realizados por la Policía Local y los servicios sociales del Ayuntamiento.
Las personas que allí residen lo hacen sin unas condiciones mínimas de higiene y seguridad, sin fosas sépticas, sin agua potable, sin tratamiento de residuos, y con grave riesgo tanto para su salud como para su seguridad, al existir riesgo de plagas y un alto riesgo de incendio, ya que se han identificado hornillos, estufas, bombonas de gas y demás elementos destinados a cocinar y a hacer fuego.
Riesgos para sus habitantes
Entre la documentación presentada por el Ayuntamiento y que forma parte del expediente y procedimiento judicial se encuentran varios informes de distintos organismos y entidades, como los técnicos de medio ambiente municipales y la Policía Local, Aqualia, Valoriza y el Hospital Can Misses.
Entre otros aspectos, éste último alerta de riesgos por desplazamiento de objetos próximos a su helipuerto, accesos no autorizados al recinto hospitalario, ausencia de servicios básicos como el abastecimiento de agua potable, la acumulación de residuos sólidos y vertidos líquidos, la proliferación de plagas (mosquitos, roedores e insectos), potenciales vectores de transmisión de enfermedades.
Además, en estos informes se señala riesgo ambiental y sanitario asociado por posible contaminación del suelo y, en su caso, de aguas subterráneas, así como aumento del riesgo de episodios infecciosos vinculados a condiciones de higiene insuficientes.
El hospital también alerta del uso no autorizado de instalaciones y suministros del hospital por personas ajenas al centro, así como un aumento de la carga operativa sobre los servicios de Seguridad, Desinsectación y Desratización.
Igualmente, en los informes técnicos se insiste en el daño medioambiental y el alto riesgo de incendio y propagación, al existir numerosos objetos inflamables así como elementos destinados a hacer fuego.
Un seguimiento continuo del problema
El Ayuntamiento de Eivissa ha mantenido un seguimiento continuo de estos asentamientos.
El pasado mes de mayo de 2025 constituyó una mesa de trabajo sobre este tema junto con representantes del Consell Insular de Ibiza, la Policía Local de Ibiza, Servicios Sociales, IBANAT, SEPRONA, Guardia Civil y técnicos municipales.
Desde entonces, el Ayuntamiento ha mantenido un seguimiento semanal, con una comisión interna de trabajo, donde las distintas áreas municipales, así como servicios sociales y Policía Local han monitorizado de forma continua estos asentamientos y a sus habitantes.
Actualmente existen un total de 6 expedientes de vulnerabilidad abiertos por los servicios sociales municipales, a los que se les está dando soporte.
Los servicios sociales estarán presentes durante el desalojo, y permanecen atentos y disponibles para atender a las personas que lo puedan necesitar.
El alcalde de Eivissa Rafael Triguero ya avisó el pasado mes de octubre de 2025, y reiteró en diciembre y en enero de este mismo año en distintas comparecencias públicas, que los dos principales asentamientos de la ciudad se encontraban en vía judicial, y que “Esta actuación responde a criterios de salud pública, seguridad y protección del entorno. No podemos permitir que se consoliden situaciones que implican condiciones indignas y riesgos para las personas. El Ayuntamiento actuará con firmeza, pero también con sensibilidad, ofreciendo apoyo a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad”.